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Una de les principals aportacions de la civilització romana, juntament amb el seu dret i el seu idioma, el llatí, va ser l'ordenació del seu territori i de les seves ciutats, configuració que en molts casos ha arribat fins els nostres dies. Aquest bloc pretén recollir totes les aportacions, documentació i publicacions que en aquesta matèria s'han realitzat i es continuen fent i que abasten des de la creació, planificació, legislació i desenvolupament de l'urbanisme romà.

dimarts, 19 de juny de 2012

NORMATIVA HISTÓRICA ROMANA SOBRE URBANISMO. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS ( y IV)


Autora: María Encarnación Gómez Rojo
 
En este apartado incluimos diversas disposiciones normativas de ámbitos de aplicación espacial diversos cuyo fundamento último fue el mantenimiento estable de los edificios y, por extensión, de los núcleos urbanos, teniendo todas ellas como característica común, evitar la destrucción de los edificios total o parcialmente con independencia del fin perseguido con la destrucción, al menos en lo atinente a la legislación municipal, si bien esta normativa de diferente rango, a pesar de lo dicho, muestra en su contenido diferencias que no son precisamente de matiz o circunstanciales.
Hay que comenzar mencionando una disposición local, la denominada lex municipii Tarentini, cap. 4, líneas 32-35, que parece estar fechada entre el 82 y el 62 a. C., y en la que se prescribía que: "en la ciudad de Tarento, nadie podrá descubrir, demoler ni destruir un edificio, a no ser que fuese reconstruido en la misma forma, excepto cuando hubiese autorización del Senado". Otra normativa local, la lex coloniae Genetivae Iuliae (lex Ursonensis), cap. 75 del año 44 a. de C., explicitaba que: "ninguno en la ciudad de la colonia Julia desteje, demuela, ni destruya un edificio si no diere garantía a arbitrio de los decuriones de que habrá de reedificarlo o si no lo decretaren los decuriones cuando al menos estén presentes cincuenta, cuando ese asunto sea consultado. Si alguno procediere en contrario sea condenado a dar a los colonos de la colonia Julia tanto dinero cuanto valiese la cosa y sobre este dinero el que quiera tenga por esta ley la acción y la persecución". La redacción del texto muestra semejanzas significativas con la lex precedente pues vuelven a aparecer las mismas prohibiciones, si bien en este texto el poder sancionatorio se atribuye a la Curia. Por otro lado, la parquedad de similar pasavolante precepto no permite asegurar que la Curia pudiera decretar de oficio las reparaciones necesarias, al especificarse que ha de mediar consulta, aunque del espíritu general de la ley algunos aventuran a postular que cualquiera que tuviese noticia de los hechos punibles (trátese de demolición o en otros casos de destrucción) podría hacerse eco de ello en la asamblea, dado que en la segunda parte de esta norma se otorga persecución a cualquiera una vez que se haya infringido el orden urbanístico.
Otro texto de indudable interés es la lex Flavia Malacitana, datada entre el 81-94 d. C. cap. 62, cuya rúbrica "que nadie destruya edificios que no vaya a reconstruir", explicita lo siguiente: "Que nadie en la ciudad ni en el suburbio del municipio malacitano descubra, destruya o derribe un edificio, cuando no vaya a reconstruirlo dentro del año siguiente, a no ser que lo autorice la Curia con la presencia de la mayoría de los decuriones. El que obrare contra esta disposición sea condenado a dar a los munícipes del municipio flavio malacitano tanto dinero cuanto fuese la entidad del asunto. De este dinero y sobre este dinero, al munícipe de este municipio que quiera y a quien corresponda por esta ley se dé acción, petición y persecución".
Guardando evidente parentesco con la lex Flavia Malacitana, en 1981 fue hallada la lex Irnitana en la provincia de Sevilla, datando sus tablas probablemente del 91 d. C. y que ha venido a esclarecer algunas cuestiones acerca de las leyes de Urso, Salpensa y Malaca. La lex Irnitana guarda identidad con la malacitana y ambas resultan ser copias de una ley municipal tipo, la lex Flavia municipalis, del 90 d. C., dada por Domiciano a los municipios de la Bética. La ley de Irni recibió una numeración por capítulos idéntica a la ley malacitana, con la que coincide siendo en concreto las diferencias en lo relativo al cap. 62 -tal y como ha señalado la doctrina más selecta y puede observarse simplemente por puro contraste de contenidos- meramente de redacción no de materia, pues dicho capítulo de la de Irni prescribe: "Que nadie destruya los edificios que no vaya a reedificar. Que nadie dentro de la ciudad del municipio Flavio Irnitano, ni los edificios adjuntos a ella hagan destejar, destruir ni demoler un edificio a no ser con la aprobación de los decuriones, con la presencia de la mayor parte de ellos cuando no vaya a reedificarlo dentro del año próximo. El que esto contraviniere queda obligado a dar a los munícipes del municipio Flavio Irnitano la cantidad en que se estime el asunto y por esta cantidad y a causa de la misma tenga acción, petición y persecución el munícipe de ese municipio que quiera, y le sea lícito por la presente ley".
En cuanto a las disposiciones de carácter territorial, diversos senadoconsultos se ocuparon de la conservación de los edificios en orden a proteger la estética y el aspecto ornamental de la ciudad en su conjunto. El senadoconsulto Hosidiano, dictado bajo el imperio de Claudio (entre el 44 - 46 d. C.), y aplicable tanto a las construcciones urbanas como a aquellas llevadas a cabo en el mundo agrario, castigaba la compra de un edificio con intención de derribarlo para vender los materiales de demolición por separado. En definitiva, penalizaba una forma de lo que consideraríamos como especulación inmobiliaria, nada infrecuente desde antiguo, según testimonio del propio Estrabón. El senadoconsulto Volusiano reproduce las normas del anterior, sólo unos años más tarde, en el 54 d. C., bajo Nerón y supone la prueba de que la responsabilidad por este tipo de acciones de carácter lucrativo se dividía entre el comprador y el vendedor. El senado consulto Aciliano, fechado en el 122, bajo el emperador Adriano, prohibía legar materiales, elementos o piezas más o menos ornamentales unidas a los edificios.
Esta preocupación constante por salvaguardar la disciplina urbanística y el aspecto general de las ciudades se mantiene en disposiciones que pasaron a la compilación justinianea, que asume en general estas prescripciones. Cino da Pistoia (1270 - 1336) estimaba en la interpretación de esta norma que se estaba compeliendo a reedificar los edificios demolidos distinguiendo aquellos casos en que los inmuebles acogían a una o varias familias, imponiéndose requisitos diferentes, pues en este último supuesto era preciso obtener antes de proceder a la demolición el haber alcanzado la autorización de la asamblea de los curiales. Además otra disposición de Zenón según la cual, los propietarios que remozaran o renovaran sus casas debían atenerse a la antigua forma o plano del edificio, pero no como sucede en nuestros días para que todos los edificios tengan una belleza que responda a una pensada y ortodoxa coherencia, sino para no perjudicar a los vecinos en sus luces y vistas. Esta disposición de Zenón era por tanto de Derecho privado y de esa forma podía derogarse mediante pacto o estipulación en contra. En este sentido, en la evolución posterior de la interpretación del comentario del fragmento de Ci. 8, 10, 12, 1, Antonio Pérez señaló que las construcciones nuevas realizadas en suelo donde habían ya existido edificios levantados con anterioridad debían continuar teniendo sus mismas características, pues no era lícito realizar modificaciones ni rectificaciones arquitectónicas no contenidas en el edificio anterior. Por otro lado, Jacques Cujas (1522 - 1590) advirtió que la interpretación que debía darse era la de que las casas habrían de construirse en el mismo modo en que originariamente se encontraban guardando entre todas ellas un cierto orden en la ciudad, a la vez que el elegante jurista francés resaltaba la importancia del empleo de columnas y mármoles ornamentales.
Otras disposiciones urbanísticas de Derecho público fueron dictadas por Zenón en atención a construcciones particulares, sea ad casum las terrazas o los balcones, prohibiendo el que se llevaran a cabo en calles estrechas, así como también construir estos elementos de madera por tratarse de un material peligrosamente combustible (de esto mismo bien se percató el derecho germánico, al considerar que todo lo que arde con la tea es bien mueble, teniendo consecuentemente carácter mobiliario las casas edificadas con madera). Finalmente Zenón, que epilogó su existencia con un aura epiléptiforme, sería el único emperador que ordenó terminar completamente los edificios privados comenzados, estableciendo sanciones tanto para el constructor como para el operario. Tras semejante norma no se han visto otras razones que las de salvaguarda de la confianza.






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